Córdoba: Trabajadores y jubilados se movilizaron contra el ajuste en PAMI
Desde primeras horas del día, la atención estuvo resentida y a las 11 se convocó a una concentración en la puerta de la obra social, en avenida General Paz. Esa concentración derivó en una asamblea en plena calle, encabezada por el cuerpo de delegados de ATE en el sector.
Los trabajadores denuncian un proceso de achicamiento de diversas estructuras de PAMI, impulsado por dos decretos emitidos en julio pasado, entre gallos y medias noches, que generaron mucha inquietud sobre la continuidad de algunos programas aun vigentes, pero que desde hace tiempo tienen problemas de aplicación por falta de personal y desatención de las autoridades.
“Ahora vienen con estos decretos que reformulan la estructura y no sabemos qué va a pasar con los compañeros que allí se desempeñan”, explicó la delegada de ATE, Gisela Angelelli.
En la oportunidad, se acercaron a expresar el apoyo y la solidaridad los integrantes del Concejo Directivo Provincial Cacho Mengarelli, secretario Adjunto, Luis Barcena, de Interior, Daniel Pawluchuzk, de Prensa, y los vocales Víctor Lecuona, Eduardo Pereyra y Martín Stibel.
Además, respondieron a la convocatoria general, numerosos jubilados de diversas organizaciones que
apoyaron el plan de lucha, como el Centro de Jubilados provincial de ATE, la delegación de San Francisco, centros de jubilados de Quilino, Dean Funes y otras localidades del norte provincial, la Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados y Ajupracor, junto a otros centros de jubilados de la ciudad.
Después del debate, la concentración partió hacía la esquina de Colon y General Paz donde se realizó un corte de media calzada. Allí, trabajadores y dirigentes afirmaron que mantendrán la lucha hasta que las autoridades se comprometan a mantener a los compañeros en sus puestos de trabajo y garanticen la continuidad de los programas que presta el PAMI.
En tanto, en Capital Federal se llevó a cabo una fuerte movilización a la sede central del organismo donde estuvieron presentes compañeros de Córdoba, junto a trabajadores de las sedes de PAMI de todo el país. El plan de lucha continuará con una nueva jornada de protesta el próximo 20 de agosto. En Córdoba resta acordar cuál será la modalidad a aplicarse.
Análisis de la situación que enfrenta PAMI
Con el objetivo de luchar en contra de las resoluciones 559 y 560 del INSSJyP, mediante las cuales se intenta desarticular a las actuales estructuras del organismo de todo el país, ATE ha desarrollado un informe que apunta a aportar argumentos para la discusión sobre el conflicto y la situación del INSSJyP.
“Las resoluciones 559 y 560 que disponen la disolución de múltiples estructuras del PAMI son parte de una estrategia que ya viene de antes: Vaciamiento de las áreas de prestación directa que tiene el PAMI, baja en la calidad de las prestaciones para sus afiliados, y utilización de sus presupuestos en función
de financiar las arcas del Poder Ejecutivo”, señaló el Secretario Adjunto del Consejo Directivo Nacional de ATE, Hugo Godoy.
“Todo esto pone en riesgo, además de la calidad de atención del PAMI, a la estabilidad laboral de los trabajadores de esta repartición estatal. Es por esto que desde ATE estamos saliendo fuertemente con asambleas y movilizaciones para pelear contra este ajuste. ATE ha convocado a asambleas en los organismos y dependencias del PAMI en todo el país para el día de mañana. Allí definiremos las nuevas medidas de acción que se emplearán para resistir este embate de ajuste”, agregó el dirigente nacional del sindicato.
A continuación, el informe completo:
EL PAMI QUE NOS DEJAN Y EL PAMI QUE HAY QUE RECUPERAR
Aportes para la discusión sobre el conflicto y la situación en el INSSJP
Es una verdadera frutilla del postre, en el marco del fin de ciclo del actual gobierno, las recientes resoluciones 559 y 560 firmadas por parte del Director Ejecutivo (en los hechos interventor de facto durante más de diez años), las que dispusieron la disolución de múltiples estructuras exclusivamente
comprometiendo los niveles operativos donde se realiza la atención directa de los afiliados a esta Obra Social.
No porque sean distintas al curso de la “gestión Di Cesare”, sino porque aparecen después de 11 años de y sobre el filo del cambio de gobierno.
Las preguntas acerca de las razones de esta oportunidad de la decisión aparecen naturalmente… trabajo sucio? Negocio? Cualquiera/s que sea/n, no deben obturar el análisis y el debate acerca del PAMI que nos dejan, y el PAMI que hay que recuperar.
El martes 8 de julio de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner firmaba el decreto 348, mediante el cual se disponía la intervención del PAMI por 180 días, “… luego de comprobar el anormal funcionamiento de la obra social de los jubilados, y resolvió avanzar en un proceso de reestructuración que debía terminar en la creación de “un nuevo modelo del PAMI” en cuanto a la gestión y la prestación de servicios.
El anuncio lo hizo público el entonces ministro de Salud, Ginés González García (el mismo de Duhalde), y a través del mismo se designaban como interventor a Juan González Gaviola (el mismo que años después “operacionalizaba” una ley sobre ART repudiada por la mayoría de las Organizaciones gremiales), y como subinterventor a José Granero (del mismísimo “riñón” K, hoy procesado por sus
vinculaciones referidas al tráfico de efedrina durante su gestión al frente del SEDRONAR).
Se argumentaba en esos anuncios, que en el PAMI, “se reiteraban una serie de vicios” en la gestión, no existían “sistemas y circuitos administrativos, manuales de compras” o “procesos licitatorios para la renovación de servicios de salud”, “la planta de trabajadores está sobredimensionada” con una “cantidad exagerada de representantes sindicales”.
“… El Presidente no decidió el desguace del PAMI, ni dividirlo, ni fragmentarlo, como los modelos de descentralización de la década del 90…”, se apuraban a aclarar los voceros de la Intervención. “… no habrá “discrecionalidad”, sino que “habrá supervisión forma permanente y en tiempo real por los organismos de control” del Estado.
Ocaña mediante (nombrada como “Directora normalizadora”) y bajo los mismos mandamientos de siempre, llegó Luciano Di Césare a finales del 2007.
Nada ha cambiado… o mejor dicho, sí…
En esos siete años, el organismo prácticamente duplicó la cantidad de empleados, entre los de planta permanente y los contratados. Pasó de tener 10.700 a poco más de 20.000, la gran mayoría son cargos políticos. “Di Césare fue desplazando al personal de carrera por trabajadores sin experiencia… hay cada vez más gente, pero por ejemplo no hay asistentes sociales y los médicos no alcanzan. El PAMI
intervenido es un negocio fenomenal. Sin controles hacen lo que se les canta. La normalización es un paso fundamental”, alertó por ejemplo Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
El presupuesto del Instituto asciende en la actualidad a unos 45.000 millones de pesos, algo así como el sexto presupuesto del país, detrás del gobierno nacional, la Anses, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
Manejo de fondos que han sido observados por la propia Auditoría General de la Nación (AGN), “… dificultades y atrasos para acceder a la información…”.
No obstante las quejas de los beneficiarios en cuanto a la calidad y oportunidad de las prestaciones, el Instituto ostenta excedentes colocados a plazo fijo, o desvía fondos hacia el gobierno nacional a cambio de Letra del Tesoro (LETE).
Desmanejos con los balances; discrecionalidad en los pagos; demoras en los pagos a los prestadores con la consecuente repercusión en la calidad del servicio, entre otras cuestiones, son algunas otras observaciones efectuadas.
Y en este marco de presupuesto de bonanza y fondos excedentes, el PAMI sigue exhibiendo las irregularidades crónicas en el servicio de prestaciones: “ni buenas ni suficientes”. Las eternas dificultades en la obtención de camas para internación; hogares geriátricos y establecimientos de salud mental que no cumplen requisitos, y falta de médicos y centros de atención.
Por todo ello, decimos que las RESOLUCIONES 559 Y 560 (que deben ser derogadas inmediatamente) son la frutilla del postre de un proceso sostenido y creciente de desguace del Organismo.
Debemos transitar el conflicto desatado las Resoluciones en cuestión, problematizando y reclamando por situaciones estructurales como:
La total y verdadera normalización y democratización del Instituto, mediante elección directa y secreta de los afiliados, consagrando un Directorio con representación mayoritaria de jubilada/os, pensionada/os y trabajadora/es.
Reinstalar las funciones de auditoría y control que el PAMI abandonó en la actual gestión.
Re-implementar oficinas de enlace con personal profesional y administrativo de PAMI en la totalidad de los centros de internación (hospitales y sanatorios) contratados por el INSSJP a fin de resolver “en el momento” las graves dificultades que sufren los mayores internados por razones clínicas. Con funcionamiento de 8 a 20 hs y guardias nocturnas.
Retomar la función resolutiva y contenedora del médico de cabecera, a fin de que los mismos no sean meros transcriptores de recetas y derivadores de pacientes. Con revisión de cupos de pacientes acordes
a un funcionamiento eficaz, actualización de honorarios por cápita y control responsable por parte de la Obra Social.
Recupero de la totalidad de las cápitas, prestaciones y servicios privatizados en la operatoria del vaciamiento de los efectores propios.
Recupero del valor social del medicamento con eliminación del indigno sistema de la tramitación de medicación sin cargo, e implementación de un nuevo vademécum actualizado según estándares internacionales en la materia con previo estudio por parte de entidades universitarias públicas nacionales. El afiliado en ese contexto no deberá abonar ningún concepto económico de su bolsillo, a excepción de la medicación sin prescripción profesional.
Eliminación de todo tipo de transferencias y/o préstamos realizados y a realizarse con fondos del INSSJP, por fuera de sus cometidos específicos, así como una urgente revisión con derivación a la justicia de todos los préstamos otorgados por el PAMI durante la administración Di Cesare.
Urgente ampliación de las camas de internación en todos los distritos y unidades de gestión local donde falten dichos recursos, asumiendo similar temperamento con las plazas de residencias para mayores en situación de dependencia.
Inmediata actualización de los subsidios económicos destinados a paliar contingencias sufridas por los mayores, en particular quienes atraviesan situaciones de dependencia.
Implementación a nivel nacional de sistemas de apoyo domiciliario (enfermería y cuidadores) orientados a sostener a los mayores dependientes en sus domicilios habituales (hasta donde sea prudente y posible hacerlo) y como forma de apoyo para sus familiares y convivientes.
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